En mi opinión no creo que sea necesaria la reforma del Estado previsto en la Constitución de 1978. Los problemas que se aducen para justificar la reforma no se deben tanto a lo que establece la Constitución, como a su aplicación, y de un modo más explícito a su vulneración, que ha supuesto una auténtica mutación constitucional. Frente al eslogan de reformar la Constitución propondría el de volver a la Constitución: el Estado autonómico diseñado por la Constitución, y no el desvirtuado, que ha venido a ser la consumación del «café para todos». 
Desde la Constitución, reformada por lo que se refiere a la estabilidad presupuestaria, puede superarse la mayor parte del gasto desbocado que ha alarmado con razón a la ciudadanía y que es innecesario pormenorizar. La propuesta del Estado federal incrementa el gasto y, lo que es más importante, no resuelve la singularidad que desde el origen se encuentra en el meollo de «la cuestión catalana», clave en la Constitución de 1931 y a la que en 1978 se dio una respuesta con la que el grupo parlamentario Minoría catalana se sintió «cómodo».
En favor de la reforma, junto a razones políticas existen otras de carácter académico, desde una influyente corriente doctrinal que ha venido descalificando técnicamente el título VIII de la Constitución hasta considerarlo como «un desastre sin paliativos«. No vale la pena recordar las contradictorias posiciones de los grupos parlamentarios en el momento constituyente. Con toda conciencia se partió de la Constitución de 1931. Se trataba de superar el paréntesis que se había abierto en 1936, con una guerra civil por medio, instaurada una Monarquía y con la solemne declaración de Don Juan Carlos de ser Rey de todos los españoles.
Prescindiendo de la preferencia del varón en la sucesión al trono, las reformas de la Constitución que suelen proponerse se refieren a las Comunidades Autónomas y Senado. Pueden resumirse en el excesivo gasto, cuando no despilfarro de aquellas, en la falta de claridad en la distribución de las competencias entre Estado que habría que fortalecer y las Comunidades autónomas, y la inutilidad del Senado o su deficiente configuración. Para los nacionalistas el Estado de las autonomías actual no resulta satisfactorio y la posición del PSC condiciona la propuesta del PSOE por un Estado federal.
En cualquier caso se hacen enmiendas que si esta previsto en la Constitución, como ya se hizo para la estabilidad financiera «in extremis» se modifico el Art., 135 amparándose en el Art., 93 del reglamento del Congreso y en virtud del Art. 167.3 de la Constitución que nos permitió la entrada a la UE. Claro que una reforma de la Constitución requiere una mayoría de tres quintos. Y hoy no se si el patio del congreso esta para ello ¿hay tres quintos?
Diversos medios de izquierda entre los que se hace eco Público PODEMOS han realizado “dicen” realizo una encuesta entre sus afiliados “Podemos ha realizado una encuesta interna para conocer la posición de la población sobre un referéndum para decidir entre Monarquía o República: el resultado es que un 54% está a favor de que se organice esta consulta, mientras que un 31% estaría en contra de la celebración referéndum sobre la Jefatura del Estado. Según señalan fuentes de Podemos, «la misma encuesta dice que la Monarquía es una institución que representa el pasado y que los ciudadanos asocian con la corrupción. Además, sólo un 16% de los encuestados asocia la Monarquía con la Democracia».
Y estos actuales guerra-civilistas olvidan que la Ley de Amnistía del 77 que ahora rechazan, permitió volviera Carrillo y la Pasonaria, en vida de estos, ningún partido se quejo, hasta que el impresentable Zapatero resucito la guerra civil, ahí siguen reescribiendo su historia y es que la izquierda no tiene discurso válido, salvo el de generar confrontación.
Lo que dicen los partidos:
De lo que proponen los unos y otros me quedo con la propuesta de Ciudadanos, que no obstante aún me parece insuficiente y me convence más la de VOX y sencillamente entre otras cosas, porque promueve la supresión de las Autonomías e ilegalizar los partidos y asociaciones que promueven la secesión que además la Ley ya lo prevé como se puede hacer:
El Tribunal Constitucional (Sentencia 3/1981) considera que los partidos políticos deben ser entendidos como un tipo específico del derecho de asociación, que se encuentran regulados genéricamente en el artículo 22 y la Ley Orgánica del Derecho de Asociación, y específicamente en el artículo 6 de la CE y la Ley Orgánica de Partidos Políticos.
En este sentido, el artículo 22 de la CE advierte expresamente que “aquellas asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito son ilegales” y prevé que podrán ser disueltos judicialmente”.
La vía penal es el delito de asociación ilícita (art. 515 del CP) Dice así: ‘‘son punibles las asociaciones ilícitas que tengan por objeto cometer algún delito, o después de constituidas, promuevan su comisión’’.
Otra vía es la específica, que viene regulada en el artículo 10 de la LOPP y se divide en dos causas de ilegalización: el artículo 9 prevé; Ilegalizar un partido cuando, de forma reiterada y grave, no cumpla con los requisitos de organización y funcionamiento democráticos. La segunda, cuando de forma reiterada y grave su actividad vulnere los principios democráticos o persiga deteriorar o destruir el régimen de libertades o imposibilitar o eliminar el sistema democrático.
El artículo 9.2.b) de esta Ley Orgánica, es decir, ‘‘fomentar la violencia como método de ejecución de objetivos políticos’’. Por tanto, podrían llegar a ilegalizarse y disolverse judicialmente los partidos políticos que hayan cometido delitos para llevar a cabo la independencia a través de la vía penal.
Pues bien, si debiera hacerse un referéndum sobre la monarquía en el mismo se pregunte si queremos Autonomías, el gasto es el mismo.
Pero también se me ocurre otra solución el Rey es reo del Gobierno, sus funciones están tasadisimas ósea ninguna, salvo la representación del Estado pero hasta sus discursos son revisados, «désele poder de veto y proponer Leyes» y luego estas fueran discutidas en el Congreso . ¿Por qué es mejor una República que una Monarquía?. Si además él Rey no opina. Y ya puestos porque en ese supuesto y pretendido referéndum ¿no se incluye prohibir a partidos y asociaciones que promuevan la secesión de España?. Que la Ley prevé y no se hace y no hay que introducir ninguna enmienda.
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Situaciones Difíciles y Conflictivas 
Buenos días Sr. Magallón:
Tal vez sea demasiado extenso, pero me parece interesante leer este artículo para aquellos que no lo conozcan.
Saludos cordiales.
José Manuel del Pozo
EL SILENCIO CULPABLE
Hay silencios limpios, serenos, honorables, y hay, por el contrario, mutismos envilecedores, oscuros y serviles. Hay silencios claros, como el que Maragall ponía en el alma de los pastores. Silencios respetuosos, emocionados, pero hay también silencios sombríos y culpables, silencios del alma, silencios escandalosos, capaces de arruinar, por sí solos, el sentido de toda una vida y de desmentir la autenticidad de muchas de las lealtades que ayer se proclamaban estentóreamente, con risueña comodidad, sin la presencia de adversarios amenazantes.
Callar en esta hora significa no solamente desentenderse por completo de un pasado que, de alguna forma, honrosamente nos obliga, sino también una huida de las exigencias del presente y un volver la espalda al reto del futuro. Se atribuye al viejo filósofo Lao Tse la propiedad de una sentencia tan significativa como sobrecogedora: Los más grave padecimientos -escribía-que gravitan sobre el corazón del hombre, los constituyen el dolor de la indiferencia y el silencio de la cobardía.
Creo que somos muchos los españoles que, sin tener el ánimo propicio a pronosticar catástrofe, coincidimos en considerar los momentos que vive hoy nuestra patria como graves y decisivos.
La Constitución española se está elaborando en estos días. En el seno de la Comisión Parlamentaria, constituida al efecto, han pasado sus preceptos en medio de silencios estruendosos, hurtados, contra todo pronóstico y esperanza, al gran debate nacional. La consecuencia es que la Constitución no sólo no despierta ningún entusiasmo -lo que la época romántica del constitucionalismo-, sino que está sumiendo a nuestro pueblo en la confusión y en la perplejidad, al ofrecerle ambigüedades sospechosas que, a cambio de oportunistas consensos de hoy, anuncian larvados enfrentamientos de mañana.
Son muchas las cuestiones graves que han quedado así aplazadas a una interpretación más o menos audaz de los Gobiernos y los legisladores venideros. No voy a referirme a temas como el divorcio, la libertad de enseñanza, la estructura del poder judicial y otros que han sido enunciados. Hay uno, sin embargo, que es el que, en estos momentos, como español, más me duele y me preocupa, más me indigna y desasosiega: La sospecha de que esta Constitución pueda ser instrumento liquidador de algo tan sustantivo como nuestra propia identidad nacional. Atentar contra ella supone un crimen sin remisión posible y una traición a nuestra propia naturaleza histórica. Pienso, pues, que la esencialidad española debe quedar siempre al margen de cualquier alternativa y fuera, por tanto, de diferencias ideológicas.
Una Constitución sólo se justifica en el intento de articular la concordia de un pueblo y no propiciar antagonismos y enfrentamientos. Una Constitución ha de estar dotada de un verdadero sincronismo y no acierto a ver en su articulado actual una auténtica confluencia conciliadora; la normativa existente nada tiene que ver con el consenso, porque mientras aquélla se asienta en los principios -acaso pocos, pero imprescindibles- que deben configurar el ser nacional y la voluntad de un proyecto común de futuro, más allá de las opiniones de los partidos, éste se establece sobre la ambigüedad y el travestismo político de las palabras aptas para acoger, bajo su equívoco ropaje, los más escandalosos cambios de sexo. No se pretende la exaltación de la diversidad, sino el puzle. No se busca la necesaria descentralización, sino el mosaico gratuito. Estamos asistiendo a una malversación de fondos históricos.
Tal es el caso del término “nacionalidades”, auténtica bomba de relojería, situada, consciente o inconscientemente, por los muñidores del consenso, bajo la línea de flotación de la unidad nacional.
No pretendo entrar en disquisiciones semánticas o históricas que, por otra parte, se han hecho ya y se harán -así lo espero-con mucha mayor autoridad. Como político o como simple español de a pie no puedo ver en ese término otra cosa que la enquistada pretensión de una explotación futura amparada en su reconocimiento constitucional.
El que afirma que el problema de aceptar o no la voz nacionalidades se reduce a una cuestión terminológica, o no tiene sentido de la política, ni de la Historia, o no obra de buena fe. En política no hay palabras inocuas cuando se pretende con ellas movilizar sentimientos. El término nacionalidad remite a nación o Estado. Cuando alguien dice recientemente que Cataluña es la nación europea, sin Estado, que ha sabido mantener mejor su Identidad, resulta muy difícil no ver, por no decir imposible, que se está denunciando una «Privación del ser», que tiende «A ser colmado para alcanzar su perfección», y preparando una sutil concienciación para reclamar un día ese estado independiente a que la imparable dinámica del concepto de nacionalidad habrá de conducir hábilmente manejada. El propuesto cantonalismo generará la hostilidad entre vecinos, la rencilla aldeana y el despilfarro del común patrimonio. Se está haciendo la artificial desunión de España y, además, sin explicarle al pueblo lo que le va a costar las tarifas. Se quiere parcelar lo que está agrupado, malbaratando siglos de Historia. Cuando otros se esfuerzan en aglutinar lo distinto, aquí se pretende desguazar lo aglutinado y cuando se sueña con una Europa unida aquí parece como si se persiguiera el establecimiento de pasaportes interiores que habría que mostrar cada vez que cruzáramos una región.
Frente a esta peligrosa ambigüedad hay que afirmar, una y mil veces, que la nación española es una y no admite, por tanto, subdividirse en nacionalidades. España creó hace siglos una nueva fórmula de comunidad humana, basada en una realidad geográfica, cultural e histórica. Fue un hallazgo moderno, con sentido de universalidad. Cambiar el curso de la Historia, incorporando a la nueva Constitución estímulos fragmentadores, es mucho más que un disparate colosal, es alentar hoy la traición de mañana, y me anticipo a negar mi acto de fe en una Constitución que se inicia con esta amenaza.
Creo que hay que robustecer el hecho regional, que hay que descentralizar a ultranza, que hay que armonizar la unidad y la diversidad, pero creo que nadie puede romper la unidad nacional porque eso representaría el secuestro de la libertad de España y la dolorosa hipoteca de su destino.
Pienso, finalmente, que hay quienes tienen derecho a su silencio; hay quienes no pueden, en modo alguno, ser ofendidos por su mutismo; hay quienes pueden callar con humildad y compostura, y hay, también, quienes ya tienen helados sus silencios porque la muerte les acogió sin que conocieran esta posible y próxima desventura, pero creo que los que ayer repitieron hasta la afonía, desde tribunas públicas notorias, la invocación de España una, los que hicieron la fácil retórica de la unidad, los que nos explicaron sus valentías a los que, por razón de edad, no conocimos contiendas ni trincheras, no tienen derecho al silencio. Podrán, tal vez padecer el dolor de la indiferencia, en cuyo caso son dignos de compasión y de lástima, pero si se callan hoy por miedo o se esconden por utilidad y conveniencia, no encontrarán en los demás justificación posible y, por supuesto, ellos mismos no podrán redimirse del drama íntimo de su auto desprecio.
Callar cuando la unidad de España está en peligro sería la peor de las cobardías. Yo, al menos, no quiero dejar de sumar mi voz a las que, con escándalo y alarma, se levantan frente al riesgo clarísimo de perdería. Quiero que se sepa que no todos los españoles estuvimos de acuerdo en quedarnos sin Patria.
José Utrera Molina
(ABC, 22 de junio de 1978)
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Excelente artículo. Quisiera aportar una lectura para complementarlo:
Lluís Maria Xirinacs fue escogido senador independiente por la demarcación de Barcelona en las elecciones españolas del 1977. En el proceso de elaboración de una nueva constitución para el Estado español, convirtió su despacho de parlamentario en la sede de un grupo de trabajo para vehicular la creación de un texto constitucional que reunió las diferentes propuestas que le llegaron, combinando sistemáticamente las reivindicaciones del pueblo catalán, con las de los pueblos del resto del estado, incluyendo el estudio de otros textos constitucionales.
http://bardina.org/constitucion/lluis-maria-xirinacs-constitucion-paquete-de-enmiendas-es.htm
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Gracias por vuestros comentarios, ese es el problema la puerta trasera por donde se esta cociendo está pretendida reforma y de llevarse a cabo a saber que saldrá, será una utopía de mi parte y me reafirmo me gustaría un Estado central y Ayuntamientos estos nutridos de los PGE y si darles alguna competencia más limitado, como por ejemplo la gestión de escuelas y universidades, que no transferencias educativas, que los aforamientos por ejemplo como máximo lo fuera el Jefe del Estado y el Gobierno, nadie más, que jueces y fiscales se elijan entre si, sin cuota política alguna, que se suprimiera el TC ¿Qué sentido tiene? si ya tenemos un TSJ capacitado para dirimir las cuestiones que afecten a la Constitución, desde luego también la introducción en esa Constitución la prohibición de partidos expresa de partidos y asociaciones promuevan la secesión y otras que dejo en el tintero, y para hacer todo ello solo es necesario introducir modificaciones, nada más y ya puestos mientras seamos Monarquía el Rey como jefe de estado que es y como los demás Presidentes de Repúblicas tenga capacidad de veto de leyes y proponer otras.
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